Descripción de la asociación



La Asociación IMPULSO CIUDADANO se suma, como movimiento cívico, al servicio para la vigilancia de los derechos de los ciudadanos, la racionalización de las administraciones públicas y la regeneración de la vida política.

"La Cataluña virtual es omnipresente. La misión de Impulso Ciudadano debe consistir en hacer aflorar la Cataluña real".


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viernes, 26 de febrero de 2010

DE LA CATALUÑA EN LIBERTAD A LA CATALUÑA DELATORA

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Pasen y vean cómo va el circo en Cataluña, el gobierno de Zapatero está por otras labores y no se entera o hace que no ve lo que pasa con los ciudadanos que vivimos en esta parte de la piel de toro.

En el Parlamento de Cataluña. se está tramitando, con carácter de URGENCIA , el proyecto de Ley del Código de Consumo de Cataluña. Las últimas leyes tramitadas en ese PARLAMENTO lo son con ese carácter porque, en mi opinión, sus coautores creen que si ya las tienen aprobadas no les afectará la próxima o remota sentencia del TRIBUNAL CONSTITUCIONAL: Por eso están trabajando a destajo sus diputados, técnicos, afiliados y simpatizantes.

Esta Ley, si se aprueba como está el proyecto, no es sólo una ley inconstitucional sino que es antihumana, porque atenta contra derechos de la Ciudadanía y los Derechos Humanos.

Estos políticos que nos gobiernan han olvidado lo esencial, legislan y gobiernan tanto para los que los han votado como para los que no lo han hecho., pero eso lo saben y se aprovechan de ello hasta que cobren la ultima paga de su mandato.

Normalmente, por costumbre profesional, no suelo leer los ante proyectos o proyectos de Ley hasta que estos han sido publicados en el diario oficial correspondiente, pero esta vez y atraído por la, diosa LIBERTAD, he roto uno de mis principios y he caído en la tentación de leer. ¡Bluff¡, que largo y espeso, 88 folios farragosos, un extenso preámbulo, un total de mas de doscientos cuatro artículos (que en la práctica son muchos más), 2 disposiciones adicionales, 5 disposiciones transitorias, 3 disposiciones finales y una disposición derogatoria

En el proyecto de Ley, el Libro III se ocupa de la disciplina del mercado y de los derechos de las personas consumidoras. El título III establece la tipificación de las infracciones y la previsión de sanciones, que han subido en sus cuantías y fija circunstancias agravantes y atenuantes, como si esta Ley de Consumo fuese un Código Penal, pero sin serlo. Vaya como el nuevo Estatuto de Cataluña, que modifica la Constitución pero sin modificarla. En fin, es el carácter o la idiosincrasia de estos políticos catalanes; yo llevo muchos años aquí y ya los voy entendiendo. Incluso en el preámbulo de la Ley se señala que los empresarios o empresarias tendrán la obligación de la rectificación pública. ¡Señor!, esto me recuerda lostiempos pasados de la Inquisición española..

Como es imposible analizar todo ese Código de Consumo, iré al grano en los artículos que creo son inhúmanos y atentan contra la ciudadanía y sus derechos ciudadanos, que son los siguientes:

311.5. Cooperación de las personas consumidores

1. Las personas consumidoras tienen el derecho y el deber de cooperar, de forma individual o mediante las organizaciones que las representan, con las administraciones públicas encargadas de velar por el cumplimiento de la legislación vigente en materia de protección de las personas consumidoras.

2. El medio principal de cooperación es la denuncia.

Artículo 311.6. La denuncia en materia de consumo

1. Las personas consumidoras de forma individual o mediante las organizaciones que las representan tienen el derecho de formular y presentar denuncias a los organismos administrativos competentes en materia de consumo.

2. Mediante la denuncia, se pone en conocimiento de la administración competente en materia de protección de las personas consumidoras unos hechos, circunstancias o eventos que pueden vulnerar la normativa de consumo.

331.6 Otras infracciones

k) Vulnerar los derechos lingüísticos de las personas consumidoras o incumplir las obligaciones en materia lingüística establecidas en la normativa vigente.

l) Incumplir los requisitos, las obligaciones o prohibiciones establecidas en esta Ley y en el resto de disposiciones dictadas en materia de defensa de las personas consumidoras

Si se aprueban estos artículos, la mitad de la población de CATALUÑA seremos presuntos delincuentes administrativos, fíjense en el matiz “Las personas consumidoras tienen el derecho y el deber de cooperar, de forma individual o mediante las organizaciones que las representan”. O sea, que si no denuncias eres un infractor de esa Ley administrativa; además, crean por Ley sus propias redes de amigos u organizaciones. Organizaciones pagadas con los impuestos de todos.

Lo que les cuento es verdad. Si no se lo creen acudan a la pagina de IMPULSO CIUDADANO: http://www.impulsociudadano.es/ , cuyo Presidente, José Domingo, es el actual diputado del grupo mixto del Parlamento Catalán, y se opone a esta Ley desde el principio, con arrojo y valentía . Parece que el PP le apoyará, aunque tengo mis dudas, pero el resto del Parlamento Catalán, encabezado por los miembros del PSC PARTIDO SANCIONADOR CATALAN, se han vuelto a vender, no por un plato de lentejas, sino por sus sueldos y demás monumentos y privilegios, que les otorga estar en el poder.

Pero volvamos al tema, la DELACIÓN, ¿qué es? En palabras de la calle es el chivateo, el ser chivato al poder. Esto no viene de ahora, si hacemos un poco de historia, desde los nazis, los rusos estalinistas y los cubanos, han sido prácticas fascistas y antidemocráticas. La denuncia es el arma que han empleado todas las dictaduras del mundo en todos los tiempos Ahora vuelve y la resucita el Parlamento Catalán, y además, auspiciada y defendida por unos socialistas catalanes que se llaman federalistas..

Me parece que la DELACIÓN de comercios que no rotulan en catalán por la ciudadanía, está orquestada por los compañeros de viaje de los socialistas, que emplean las mismas tácticas que usó Hitler para asentar su poder en Alemania. ¿Por qué no dice nada el PSOE de Zapatero?. Por favor Sr. Alfonso Guerra, desde su puesto en Las Cortes de Madrid, diga algo sobre esto, aunque luego, como siempre, no haga nada.

En relación a la delación entre los rusos:

El régimen promovió la delación masiva. Por la prensa, el cine, la escuela o la literatura, incitó a todos a denunciar a los «sospechosos», «espías» y otros «saboteadores», y a vigilar a sus amistades y a su propia familia. .

Incluso creó figuras publicas donde los hijos denunciaban a sus propios padres. El joven Pavlik Morózov, muerto en circunstancias inciertas en 1932, fue presentado como ejemplo para toda la juventud soviética.[32]

En cuanto a la delación en Cuba, yo estuve allí y lo mejor de Cuba es el pueblo cubano, la DELACIÓN es una práctica que empieza en los barrios y acaba en la policía y en el partido. Ni que decir tiene que esta práctica ha funcionado muchísimos años. Recordando a Cuba, nombraré irónicamente al Presidente de la Generalidad como Fidel- Montilla, que parece que nuevamente debe tragar este nuevo órdago de sus cómplices de gobierno.

En cuanto a las prácticas de delación de los nazis alemanes, y mirando la historia recordaré su curiosa relación de un partido que hoy apoya y defiende la delación:

La publicación 'La Nació Catalana' difundió en su número del 17 de octubre de 1933 una entrevista con Karl Cerff, portavoz y responsable de propaganda y formación de las Juventudes Hitlerianas. "Nosotros sabemos que los catalanes son una raza muy diferente de la española, por razones conocidas y universalmente admitidas. [...] Los materialistas, en Cataluña, deben ser los judíos, y éstos, con toda seguridad, deben ser los antinacionalistas", aseguró Cerff, que llegaría a ocupar el cargo de director general del Ministerio de Propaganda de Joseph Göbbels.

Le recuerdo desde aquí a Fidel-Montilla la ideología de uno de sus socios de gobierno:

"La Nación Catalana ha estado dividida en diferentes territorios por imperativos políticos: la Cataluña Norte, en el Estado Francés; el Principado de Cataluña con la Franja de Poniente; el País Valenciano y las Islas Baleares, así como las Pitiusas, en el Estado Español, y Andorra, que tiene Estado propio [...]. Con la excepción de Andorra, que ya disfruta de Estado, la obtención de la independencia de la Nación Catalana dentro de una Europa Unida constituye un objetivo irrenunciable" (Declaración ideológica de ERC. XIX Congreso Nacional. 19 de diciembre de 1993).

..

De aquella Cataluña, respetada y envidiada por el mundo, no va quedar ni el nombre. Lo que Franco no pudo hacer en 40 años, estos políticos lo van a conseguir. Van a destrozar Cataluña y el idioma catalán, ya lo verán. Creo que en este momento de la historia de CATALUÑA es conveniente recordarles el poema, mil veces leído y repetido, de aquel famoso alemán.

Primero se llevaron a los negros,
pero a mi no me importó
porque yo no lo era.

Enseguida se llevaron a los judíos,
pero a mí no me importó,
porque yo tampoco lo era.

Después detuvieron a los curas,
pero como yo no soy religioso,
tampoco me importó.

Luego apresaron a unos comunistas,
pero como yo no soy comunista,
tampoco me importó.

Ahora me llevan a mí
pero ya es tarde.

Me atrevo, y debo tener cuidado con la SGAE a dar una versión del poema de BELTROCH BRECH referido a la actual situación de la Comunidad Autónoma de Cataluña..

Primero se llevaron a nuestros hijos a sus escuelas.

Después se desprendieron de los buenos maestros.

Mas tarde desalojaron a la Guardia Civil.

También a los gobernadores civiles.

Pretenden pronto hacer desaparecer las provincias.

Los toros fuera con su Dalai Lama en carta apócrifa.

Adiós el castellano de los teatros, y lo quieren fuera de los cines.

Los comerciantes sin libertad en sus rótulos.

Pero ya ahí mas albaranes, facturas, programas informáticos.

Es la nueva Ley de Consumo.

Por fin crean al delator del catalán.

Próximo oficio para reducir el paro.

Aunque ellos estén todos colocados.

Pronto será tarde para detenerlos.

Si esta Ley se aprueba como está, traerá consecuencias irreversibles para Cataluña y los ciudadanos catalanes Por ejemplo:

Retraerá las inversiones extranjeras en Cataluña.

Dificultará las reclamaciones judiciales de los empresarios catalanes en el resto de España, ya que los tribunales no aceptarán los albaranes y facturas emitidos en catalán.

Y no digamos si tienen que usarlos en reclamaciones en algún país de la Comunidad Europea, ya que el Catalán, por ahora, no es lengua oficial europea.

Esta Ley ataca los principios de la Unión Europea, de libre circulación y de libre establecimiento, y se va a aprobar sin contar con la legislación europea.

Esta Ley sancionadora, intimidante y coaccionante, tendrá el resultado contrario al buscado. Hará de la bonita, simpática y expresiva lengua catalana una lengua totalitaria y opresora de los derechos y libertades de la ciudadanía.

Cuando una Ley como ésta sea legal, pues seguro que se aprobará en el Parlamento Catalán, no será legitima. Por tanto, la ciudadanía debería plantearse ya la DESOBEDIENCIA CIVIL contra ella, y contra las que puedan venir que atenten contra los derechos y libertades de la ciudadanía.

Como mantenía el ex Pujol, en relación a la lengua, se deben ir apretando la tuerca hasta que se quejen. Pues yo digo ya va siendo hora ciudadanos, que lo hagan ……….........…QUE PAIS.

Antonio Pavón

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domingo, 21 de febrero de 2010

HOLLYWOOD, DOBLAJE Y PROTESTA AL CATALÁN

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Traducción al castellano por su mismo autor, Juan Antonio Cordero, del artículo que se publicó el día 16 de febrero de 2010, en el diario francés “Libératión”:

Respecto a la información publicada en Libération el 16 de febrero de 2010, « Hollywood, doublage et tollé catalan », me gustaría hacer algunas precisiones, en tanto que lector del diario y ciudadano catalán interesado en la cuestión:

La noticia define el catalán como la lengua « comprendida por más o menos el 85% de los 7 millones de Catalanes ». En realidad, sólo el 56% de Catalanes conocen propiamente esta lengua (eso implica las cuatro competencias básicas: entender, hablar, leer y escribir), contra un 90% de Catalanes que hablan, entienden, leen y escriben con fluidez en castellano o español (datos de la Encuesta lingüística de Cataluña, 2007, Idescat). Esto significa que la sociedad catalana es una sociedad bilingüe, en la que mucha gente maneja las dos lenguas oficiales (español y catalán), pero que es mayoritariamente hispanohablante (Encuesta de usos lingüísticos, 2008, Idescat). Esta situación explica la escasa presencia "natural" del catalán en las salas de cine, debida a la débil demanda de la población.

El texto explica también que en los últimos diez años, el catalán ha conocido un amplio auge debido a la « vigorosa política de promoción y subvenciones » por las autoridades locales. Hay que hacer notar que la política lingüística sobre el catalán tiene una fuerte componente nacionalista e identitaria y se ha desarrollado sin interrupción desde 1980, pero no se ha limitado a la simple promoción de la lengua. Al contrario, está orientada a la exclusión completa del castellano y a la prohibición de hecho de su uso oficial, sobre todo en el ámbito de las AA.PP. regionales y locales: así, el catalán se ha convertido no sólo en lengua obligatoria, sino también exclusiva en la rotulación oficial, en la educación (donde los profesores pueden incluso ser penalizados si utilizan el castellano para dirigirse a los alumnos) y los medios de comunicación públicos regionales y locales (sobre todo, TV3). En este contexto, el proyecto de ley sobre el doblaje de las películas forma parte de una campaña más amplia para extender progresivamente al conjunto de la sociedad y a las relaciones privadas entre individuos la exclusión del español que ya se ha producido en la Administración sub-estatal y en los servicios públicos correspondientes. De nuevo, la sanción y el castigo, junto con la disuasión económica, juegan un papel esencial en la estrategia: aparte de la ley sobre el cine, los propietarios de comercios y PyMES que tengan sus rótulos en castellano y no en catalán se exponen a multas de hasta 10000 euros.

El artículo constata que la política lingüística de las autoridades locales catalanas irrita « la esfera mediático-política de MAdrid » y, en el caso concreto del proyecto de ley sobre el cine, ha puesto « al mundo del cine en Cataluña [..] en pie de guerra ». Pero el malestar y la contestación provocadas por las tentativas del poder regional de erradicar el castellano no han cesado de aumentar en los últimos años, y alcanzan en la actualidad una parte significativa y creciente de la sociedad civil catalana. De momento, la política de exclusión lingüística es combatida por varios partidos políticos a izquierda y a derecha, por numerosas asociaciones críticas (entre ellas, la asociación a la que pertenezco, Impulso Ciudadano) e incluso por corrientes socialistas disidentes del PSC (fuerza mayoritaria de la coalición gubernamental).

El escenario social y político catalán está marcado por una fuerte crisis económica y social (Cataluña es la región española con una de las mayores tasas de destrucción de empleo y de tejido productivo), la creciente desconfianza de los ciudadanos respecto a las instituciones autonómicas y las élites nacionalistas, las crisis de socialistas e independentistas y las malas perspectivas electorales de la coalición en el poder para las próximas elecciones regionales (previstas en noviembre de 2010). En este contexto, el endurecimiento del régimen lingüístico y del tono identitario es un último intento de evitar la derrota y desplazar cueste lo que cueste el centro de gravedad del debate político catalán de la cuestión social, donde el balance gubernamental deja mucho que desear, al tema lingüístico-identitario, donde la mayor parte d ela clase política regional se siente mucho más cómoda. Incluso aunque ello implique la creación de nuevas fracturas y problemas sociales allí donde no existían.

Juan Antonio Cordero

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jueves, 18 de febrero de 2010

SE LES ENTIENDE TODO

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Bien como riendo,

dixo: --«Bien vengades;

que ya bien entiendo

lo que demandades…

(‘La vaquera de la Finojosa’. Marqués de Santillana)

La trifulca entre Maragall y Montilla -respecto de la fatiga ciudadana- pone en evidencia, una vez más, las dos almas del PSC, la nacionalista, por un lado, y la más-nacionalista, por otro, la que quiere marcar perfil propio frente al socialismo español y la que, directamente, quiere soltarlo como lastre. Nada nuevo. Lo sorprendente, lo excepcional del caso, es que el conseller haya querido dirimir estos asuntos, mediante artículo impreso, en público y con las elecciones autonómicas a la vuelta de la esquina. Ante la irritada respuesta del president, arropado por el PSC de barrio, la rauda reacción del selecto PSC de San Gervasi, en apoyo de su compañero Ernest, ha sido reveladora: forzar el debate interno del partido, antes de las elecciones, con el objetivo de elevar el listón patriótico a escala estratosférica, si cabe.

No importa que se tracen fronteras internas con los rasgos lingüísticos y culturales como motivo de inclusión y de exclusión, esas dos almas del PSC incurren, una algo más que la otra, en claro desprecio a los derechos personales y a la autonomía individual que, más o menos, todo nacionalismo practica.

Dadas las encuestas que manejan los partidos catalanes no está claro que pueda repetirse la entessa de progrès, que es lo que fundamentalmente le preocupa a Montilla, de ahí que los halcones del PSC quieran deshacerse de los socios inmaduros y retomar el discurso de la sociovergencia en claro guiño al nacionalismo conservador de CiU, aunque Montilla perdiera la presidencia de la Generalitat a favor de Mas. Como en la serranilla del Marqués, a estos señores se les entiende todo: Montilla quiere más sillón y Maragall más nación. Todo lo demás, incluidos los ciudadanos, es intrascendente. Reitero lo dicho, las dos caras del PSC: nacionalismo y más-nacionalismo.

17/10/2010 - A. Sánchez Ponce

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lunes, 15 de febrero de 2010

LOS SOCIALISTAS Y LAS MULTAS

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He releído recientemente el debate que tuvo lugar el día 30 de diciembre de 1997 en el Parlamento de Cataluña con motivo de la aprobación de la ley de Política Lingüística. El hoy Conseller, Joaquim Nadal, reconocía en su discurso final que los socialistas daban apoyo a aquella ley porque durante el proceso de tramitación, habían logrado atenuar el régimen sancionador y el deber de disponibilidad lingüística que incluía la propuesta inicial de CiU.

Durante los meses que precedieron a la aprobación de la Ley y tras la aparición de los manifiestos del Foro Babel y de la CECREC (Confederación de Entidades Regionales y Culturales en Cataluña) los dirigentes socialistas se habían empleado a fondo para desactivar la contestación, sobre todo, de las casas regionales. Para ello, propusieron la aprobación de la Disposición Adicional Quinta que declara que la Ley de Política Lingüística no establece sanciones para los ciudadanos y ciudadanas pero, sibilinamente, exceptuaba a las empresas y entidades concernidas que no rotulasen, al menos, en catalán las señalizaciones y los carteles de información de carácter fijo, así como los documentos de oferta de servicios, entre otras obligaciones. Igualmente, arrinconaron la disponibilidad lingüística de manera que en las relaciones entre comerciantes y consumidores nadie sería obligado a contestar oralmente o por escrito ni en catalán ni en castellano. Se anteponía, por lo tanto, la libertad de expresión y la libertad de empresa a los deberes lingüísticos.

Mucho han cambiado las cosas desde la llegada de los socialistas al poder. Entonces se oponían a las sanciones lingüísticas; ahora el Conseller Castells está al frente de la Consejería de Economía y Finanzas que se ceba con los propietarios de pequeños negocios a los que impone cuantiosas multas cuando descuidan la obligación de rotular en catalán. Según los datos del último informe de política lingüística correspondiente al año 2008, la Generalitat en ese año ha impuesto 209 multas a comercios catalanes y ha recaudado más de 200.000 mil euros por ese motivo.

Está claro que los socialistas han cambiado de criterio y han decidido abanderar el régimen de terror contra los comerciantes por incumplimiento de unos mal llamados deberes lingüísticos. En esta época de crisis económica han decidido dar la puntilla a miles de empresas y trabajadores anteponiendo unos descabellados deberes lingüísticos a los derechos sociales. Han cogido el fusil de multar a los ciudadanos y dejado claro que tampoco les va a temblar el pulso a la hora de condicionar la estabilidad de miles de puestos de trabajo cuando llegue el momento de aplicar el denominado deber de disponibilidad lingüística. La disponibilidad lingüística es la obligación que tienen las personas que están al frente de un establecimiento abierto al público de contestar en la lengua que le requiera el cliente. En el año 1998, los socialistas eran contrarios a este deber, defendían que no era constitucional exigir el conocimiento obligatorio del catalán. Ahora, en cambio, impulsan un Código de Comercio en el Parlamento de Cataluña que sanciona hasta con 10.000 euros que pueden llegar a ser 100.000 e incluso el cierre cautelar de aquellos establecimientos que no dispongan de personal que sepa contestar oral y por escrito en catalán o en castellano a los clientes.

No sé si este giro en su posición se debe a una decisión unilateral o a una cesión a sus socios de gobierno, pero no me cabe la menor duda de que la asunción de los postulados nacionalistas pasará factura a los socialistas en sus feudos históricos barrios en los que la gente no entiende esa histeria sancionadora.

José Domingo
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viernes, 12 de febrero de 2010

ENSEÑAR LAS VERGÜENZAS CON ELEGANCIA

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A principios del S. XX, Max Weber defendía las comisiones de investigación; argumentaba, con razón, que potencian la transparencia de las instituciones y la imagen de éstas con respecto a la población y proponía la obligatoriedad de crearlas si lo pedía un 25% de parlamentarioso.

Dado el grado de corrupción política que sufrimos los españoles y el cacareado propósito de enmienda que los partidos dicen interiorizar, parece que las comisiones de investigación sobre corruptelas políticas deberían estar a la orden del día, pero no.

Recientemente el Parlament de Cataluña se ha negado a crear comisiones que investiguen los casos Millet y Pretoria, sin duda, por el temor a que los resultados de la investigación sean adversos a los intereses de los partidos implicados; sin embargo, la miopía de los partidos al respecto es colosal, porque, pongamos por caso el del alcalde socialista de Santa Coloma de Gramanet, ¿A quién beneficia una investigación de este tipo promovida por el parlamento además de a los ciudadanos?: Al partido socialista que gobierna. A poco que se piense un poco, sea cual sea el resultado de las pesquisas, los socialistas se benefician de ello por dos motivos, a) porque si se demuestra la inocencia de los imputados, la oposición queda en evidencia, con la consiguiente revalorización del PSC y del ridículo de los promotores de la comisión, y, b) si se demuestra la culpabilidad, los partidos comprometidos tienen la oportunidad de depurar la corrupción en sus filas, igualando su discurso ético-propagandístico con la realidad, a la vez que aprovechan la ocasión para argumentar la loable predisposición del partido a aceptar la creación de la comisión antes de la intervención de la justicia ordinaria y acusar, de paso, a la oposición de no hacer lo mismo con sus casos.

Hace un tiempo se votó en el Parlamento andaluz una moción presentada por el PP y por IU, en 'connivencia', instando a crear una comisión de investigación que intente aclarar las dudas surgidas sobre la actuación del ex-presidente de La Junta, Manuel Chaves, en el asunto Matsa. El resultado de la votación, como no podía ser de otro modo vista la experiencia anterior, ha sido la negativa del PSOE a que se intente averiguar, con anticipación a los jueces, la verdad sobre el asunto (como contrapunto al intelectual alemán, el PSOE, a principios del S. XXI, escamotea a los ciudadanos, con un aplastante 51,37 % contra un 48,63% de votos, el derecho a enterarse del pelaje que exhiben sus representantes. Todo un síntoma).

Ciertamente, a nadie le gusta enseñar sus vergüenzas, aunque, se puede hacer con elegancia, y, además, se puede extraer de ello algo positivo para el partido según los razonamientos anteriormente descritos –a parte de la ganancia ‘colateral’ weberiana, en información y transparencia para el ciudadano-, por eso, es de tontos no aprovechar la ocasión y de listillos no dejar de socavar la democracia.

A. Sánchez Ponce

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domingo, 7 de febrero de 2010

EL CHIVATO

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Ahora ya sabemos la cara que tiene. Al menos para mí todos los delatores de todos los Xurdes tienen la misma cara: la cara crispada por el odio; la misma voz: la voz crispada por el odio; la misma respiración entrecortada y crispada por el odio; la mismas baba exhaladas desde la crispación y el odio.





Parece ser otro menda en pos de la fama fácil, otro chiquilicuatre, émulo de otros chiquilicuatres que viene a querer purgar el pecado de su no pureza genética, arremetiendo contra quienes tampoco tienen ese preciado don, con tal de pasar desapercibidos al personal. Decir “y yo más” en esto de los nacionalismos excluyentes, promociona de lo lindo; él que lo ha notado en otros, parece que ahora reclama su parte del botín.





Y eso un mamarracho que, sin duda, se gana las habichuelas en español. Porque, ¿cabe pensar que, en su desarrollo profesional como director de ventas para Europa y para Sudamérica, de una empresa norteamericana, se dirigirá a sus clientes sólo en su adorado catalán? Seguro, seguro que a sus clientes sudamericanos les hablará en catalán o en alguna de las lenguas precolombinas o que a los europeos lo haga sólo en catalán o que sea la lengua que emplee con sus jefes americanos.





Y con ese bagaje, osa delatar a más de 3.000 honrados e inocentes ciudadanos para que les apliquen una ley absurda parida por mentes recalenturientas de un puñado de políticos que tienen como jefe y guía a alguien que no se había dignado a aprender la misma lengua, que ahora imponen, antes de ocupar tan honorable puesto.





Pues nada, aque siga con esa expresión de cabreo, a ver si nos asusta el tal Santiago Espot… aunque quizá no sea de cabreo, que los hay que no se sientan en la taza del váter en meses.

Juan Alonso

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Mirad su ficha profesional en : http://blogs.e-noticies.com/santiago-espot.html



jueves, 4 de febrero de 2010

DE TRIBUNAL A TRIBUNAL…

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DEL TRIBUNAL DE GARANTIAS CONSTITUCIONALES DE LA REPUBLICA AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DEL REINO DE ESPAÑA

He podido leer y disfrutar el libro titulado “EL LIBRO DE ACTAS DEL TRIBUNAL DE GARANTIAS CONSTITUCIONALES“, publicado por la Biblioteca Académica de la Comunidad de Madrid, que vivamente recomiendo.

Este libro da cuenta del funcionamiento del llamado TRIBUNAL DE GARANTIAS, de la Constitución de la 2ª República.

El 2 de Septiembre del año 1933 se constituye, el primer Tribunal de Garantías Constitucionales, con asistencia del presidente del Consejo D. MANUEL AZAÑA. La creación del Tribunal nace de la constitución de 1931. Tiene diversas competencias, y la que más destaco es la de los conflictos de competencias entre el Estado y las regiones. La composición del Tribunal, según su articulo 122, establecía que estaría compuesto por los Presidentes del Tribunal de Cuentas y del Consejo de Estado, dos diputados designados por las Cortes, un representante de cada región , dos representantes de los Colegios de Abogados, y cuatro profesores universitarios de Derecho. El Presidente era nombrado por las Cortes.

El funcionamiento de ese Tribunal de Garantías dista mucho del funcionamiento del actual Tribunal Constitucional, y el primer ejemplo es la defensa de ser un poder independiente del Estado. Una muestra de su actuación frente a los demás poderes del Estado: Cuando en un periódico de la época, en concreto El Socialista, se publica una carta, el Presidente del tribunal manifiesta dar cuenta al Tribunal del asunto referente a la carta aparecida en el periódico El Socialista, desagradable por su contenido y por las alusiones directas en contra de uno de los miembros del Tribunal. Dice, asimismo, que la presidencia se apresuró a remitir el texto de dicha carta, con una comunicación, al Fiscal de la Republica para que procediera lo antes posible al esclarecimiento de los hechos”.

Tomen nota todos ustedes de las diferencias en la defensa del poder judicial, respecto a lo que pasó en aquel Tribunal de Garantías, con lo que está pasando con el actual Tribunal Constitucional, que no es respetado por los propios miembros del gobierno, ni de altas instituciones del Estado, y no digamos por los actuales políticos (si es que aún se pueden definir como políticos).

Pero ni que decir tiene, que aquel Tribunal de Garantías, sí defendía la Republica y el orden constitucional. Otro punto a destacar es el relativo a la querella que presentó el gobierno de la Republica contra los consejeros de la Generalitat de Cataluña como autores de un delito de rebelión militar, personándose en la misma, como defensor de Luis Companys, el señor Osorio y Gallardo.

Aquel Tribunal, entre otras muchas actuaciones judiciales, ha sido destacado por muchos historiadores y curiosos a causa de su intervención en la solución del conflicto creado por la ley de cultivos sancionada por la Generalidad de Cataluña el 26 de junio de 1933. En aquella época, como ahora está pasando con la sentencia del Estatuto de Cataluña, el Tribunal de Garantías fue amenazado por los partidos políticos catalanes con echar a la gente a la calle si aquella Ley de cultivos era declarada inconstitucional. Así lo hizo el Tribunal de Garantías y a la calle no salió nadie; esos políticos díscolos y enfermizos de nacionalismo tuvieron que acatar y cumplir la sentencia. Hagamos paralelismos, si el Estatuto actual no se considera constitucional (como no lo es según mi opinión) a la calle no saldrá nadie, sino ya lo verán.

La sentencia, conocida como la de los cultivos de Cataluña, en sus fundamentos legales decía, entre otras cosas, “que esa Ley se inspira en intentar solucionar los conflictos derivados de Contratos de cultivo…a la vez ha creado otros caracterizados por el menosprecio a la cosa juzgada, al procedimientos de desahucio establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil…”.

Pero sepan que la República era otra cosa. Procedente de la ciudad de Valencia, el alto Tribunal fijó su residencia en la Ciudad de Barcelona en fecha 31 de Octubre de 1.937, completando un total de 12 sesiones. El 23 de Enero de 1939, se decide el traslado del Tribunal a la ciudad de Girona, que no se pudo completar, y en la sesión 184 de 23 de Enero de 1939, finalizó su labor, tras más de cinco años de funcionamiento con numerosísimas dificultades por las circunstancias humanas y materiales y dejando una abundante y rica jurisprudencia constitucional.

Medio siglo después, con la aprobación de la Constitución española el 6 de Diciembre de 1.978, se restaura el actual Tribunal Constitucional destinado a velar por el cumplimiento y contenido del espíritu de la “LEY DE LEYES”.

El desconocimiento que tienen los ciudadanos españoles, y sobre todo los niños y jóvenes, sobre los instrumentos democráticos, y en particular acerca de la división de poderes y el funcionamiento de los altos Tribunales de nuestra nación, es uno de los ejes de la dejación de los valores de la democracia.

No se pueden comparar dos Tribunales, alejados en el tiempo, los componentes y los medios que contaban tanto el Tribunal de Garantías como el Tribunal Constitucional. Pero sí se puede referir lo que se tardó en dictar la famosa sentencia sobre la Ley de cultivos de Cataluña…

En fecha veintisiete de junio de mil novecientos treinta y tres, y publicada en el Boletín Oficial de la Generalidad, se aprobó la Ley titulada “para la solución de los conflictos derivados de los contratos de cultivo”. Pues bien, la sentencia dictada por el Tribunal de GARANTIAS, se firmó y dictó en fecha el veintiuno de Enero de mil novecientos treinta y cinco.

O sea, en aquella época el Tribunal de Garantías, tardó dos años y cinco meses en dictar la sentencia de inconstitucionalidad sobre una ley de la Generalidad. Hoy no sabemos cuánto tardará Tribunal Constitucional en dictar la sentencia sobre el Estatuto de Cataluña. Pero sea en el tiempo que sea, la sentencia se deberá acatar y cumplir por todos los estamentos de estado y por sus funcionarios.

Dos pinceladas del contenido de la sentencia de la ley de cultivos. El Tribunal de Garantías argumentó “que dada que esa ley inconstitucional admitió los juicios por desahucios, y estos se llevaron a cabo fuera de la legalidad republicana; la sentencia dictada ordenó la anulación de todas las sentencias dictadas”. Es decir, la aplicación de esa ley fue anulada. Y yo me pregunto si la futura sentencia del estatuto, dictada por Tribunal Constitucional, deberá anulaR las leyes anticonstitucionales, dictadas, aprobadas y desarrolladas, hasta la fecha, que sean contrarias a la Constitución. El otro argumento aplicado por el Tribunal de Garantías, en su sentencia comentada, recordaba a Cataluña, que la región autónoma debe respetar las leyes orgánicas del Estado.

Para finalizar, y en relación a otras actividades del Tribunal de GARANTIAS, constitucionales, recordar y resaltar, la rocambolesca y peliculera actividad del Tribunal en relación a un personaje famoso, oscuro, y conocedor de las alcantarillas de Barcelona, en su huida y escape de sus responsabilidades como Consejero de gobernación de la Generalidad de Cataluña. Me refiero a José Dencas Puigdollers, que fue detenido en Paris, porque la República española pidió su extradición por estar condenado por un delito de malversación de caudales públicos. Al ser oído en el juicio, para autorizar su extradición a ESPAÑA, negó la malversación y reconoció que el dinero sustraído fue “por la causa y la defensa de la patria catalana”. Esta argumentación defensiva nos recuerda muchas cosas desde los tiempos del Sr. González y Guerra hasta al actual tripartito.

Sepan que finalmente el gobierno Francés no concedió la extradición del tal Dencas, porque el fiscal francés mantuvo en la vista, que aunque el destino de los fondos públicos del Sr. Dencas tuvieran una aplicación pública diferente o distinta a la prevista, y ello en España constituyera delito, en Francia no; y por tanto, no estaba penalizado. Acabó, además, con el argumento díscolo y traidor, que sólo se acusaba al Consejero catalán de su actividad como Consejero y no como persona privada, por lo que entendió que la acusación era política y no conllevaba la extradición.

Espero que nuestros magistrados del más Alto Tribunal, se decidan finalmente a dar justicia a millones ciudadanos a los que afectará su sentencia y que sea cuál sea no llevará a la calle a la ciudadanía, cada vez más cercada por la crisis económica y el paro. Concluyo con la esperanza de que los rezos de nuestro presidente con Obama nos ayuden a todos a que sigamos viviendo en lo que va quedando de este… … ... PAIS.

Antonio Pavón

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